• Realizan “Agenda pendiente para el pleno ejercicio y desempeño de los cargos públicos de las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas”

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 09 de septiembre de 2022.- El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) sostuvo que la labor de los tribunales electorales debe enfocarse en ampliar el reconocimiento de la titularidad de los derechos, pues para lograr la eficacia práctica de estos derechos respecto de minorías y grupos vulnerables, requiere atender sus propias particularidades, es decir, reconocerlos en su diferencia y en sus condiciones de desventaja estructurales, para lograr la igualdad en la diferencia.

En el marco del encuentro “Agenda pendiente para el pleno ejercicio y desempeño de los cargos públicos de las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas”, consideró que el primer tópico en la revisión de esta agenda es remover viejas estructuras, cambiar paradigmas, la figura de juez que limitaba su labor a abstenerse de lesionar un derecho; “debe redimensionarse ahora bajo la obligación estatal de garantizar el ejercicio pleno de los derechos a través de la realización de acciones protectoras y niveladoras de estos.”

Además, agregó que las autoridades electorales están llamados a realizar una labor desde la perspectiva de una tutela transversal de los derechos, que permita implementar mecanismos apropiados que eliminen la discriminación y la violencia contra las minorías numéricas o históricas en la vida política y pública del país. 

En su participación el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, subrayó que con la participación de todas y todos se afianza el compromiso intercultural y pluricultural para construir una agenda que efectúe el ejercicio efectivo de los derechos político electorales en los pueblos y comunidades indígenas. 

De la misma forma, enfatizó que quienes integran las comunidades indígenas pueden concebir las mejoras institucionales que se deben hacer para eficientar los canales de intercambio, “que estén autoridades electorales, pero que también estén autoridades de comunidades, quienes ejercen cargos públicos y han vivido la experiencia de la discriminación para definir la agenda pública para el futuro.”

Por su parte, la magistrada de Sala Superior, Janine Otálora Malassis, manifestó que es importante, desde su autonomía, que pueblos y comunidades indígenas lleven los pendientes al espacio público y logren su consecución, pues la intervención de los órganos jurisdiccionales, tanto los federales como los locales, no alcanza. 

En su participación, la magistrada presidenta interina de la Sala Regional Xalapa, Eva Barrientos Zepeda, dijo que hay avances, pero es importante saber si las sentencias emitidas se cumplen, así como también si se ejerce una justicia electoral con perspectiva intercultural. 

Cabe destacar que durante la inauguración de contó con la participación de la directora general para la Promoción de una Vida Libre de Violencia e Impulso a la Participación Política del INMUJERES, Anabel López Sánchez; el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, César Lorenzo Wong Meraz; y del consejero presidente del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas.

La “Agenda pendiente para el pleno ejercicio y desempeño de los cargos públicos de las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas”, estuvo encabezada por la Defensoría Pública Electoral de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en coordinación interinstitucional con el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM) y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC).

Acto realizado con el objetivo de ampliar el impacto de la Defensoría Electoral en la protección y promoción del ejercicio de los derechos político electorales de los pueblos y comunidades indígenas, asimismo, orientarlos sobre la naturaleza, contenidos y alcances de sus derechos.