* 𝘔𝘢𝘨𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘥𝘢 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘛𝘌𝘌𝘊𝘏 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢 𝘦𝘯 𝘳𝘦𝘶𝘯𝘪ó𝘯 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘊á𝘮𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘦 𝘋𝘪𝘱𝘶𝘵𝘢𝘥𝘰𝘴

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2025.- “Se necesita una reforma a la Ley Electoral que faculte a los tribunales electorales para suspender derechos políticos a personas sancionadas por violencia política en razón de género”, aseguró la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Mtra. Magali Arellano Córdova, durante su participación en la Mesa de Trabajo con el diputado Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

En el evento organizado entre la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y la Cámara de Diputados, la Magistrada Presidenta expresó que la VPRG como antecedente en personas candidatas, constituye una grave violación a los derechos humanos y una amenazada directa a los principios democráticos de equidad, legalidad y representación.

Arellano Córdova, afirmó que el Estado mexicano ha avanzado en el reconocimiento jurídico de este fenómeno, aunque aún persiste una gran omisión en el diseño institucional porque los tribunales electorales no tienen facultad de suspender derechos político electorales de las personas responsables de ejercer VPRG incluso cuando existe una resolución firme en sede administrativa o electoral.

Explicó que la única vía para suspender esos derechos es una sentencia penal ejecutoriada lo que deja sin efecto real las resoluciones del TEPJF y de los órganos locales en la materia y mantiene abierta la puerta para que los agresores continúen participando en la vida pública.

Solicitó facultar a los tribunales electorales para suspender derechos políticos electorales en caso de violencia política de género. Una medida urgente, viable y constitucionalmente defendible que representa un paso firme hacia una democracia paritaria libre de violencia e incluyente.

Por tanto, la solicitud a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral fue que se reconozca la autoridad de los tribunales electorales para imponer sanciones, protejan el derecho de las mujeres libre de violencia y garantice que quienes ejerzan el poder lo hagan con respeto a los derechos humanos y la legalidad democrática.